Grupo Consenso advierte al Gobierno sobre información faltante sobre proyecto de Ruta 32
Seis instituciones agrupadas en el Grupo Consenso externaron este martes su preocupación por las condiciones actuales entorno al proyecto de ampliación de un tramo de la Ruta 32.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR) afirman que la ampliación de la ruta es una prioridad y necesidad para el país, pero la información existente a la fecha es incompleta por lo que genera dudas con respecto a la posibilidad de ejecutar el proyecto en tiempo y costos adecuados.
Según el grupo, existen deficiencias en la información sobre expropiaciones, relocalización de servicios, reconstrucción de puentes y en los planos existentes se están utilizando dimensiones menores a las establecidas por las normas de diseño geométrico del Sistema de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) para el diseño de las vías en la región.
Los especialistas dicen que la situación actual podría traducirse en una afectación a nivel de servicio y condiciones de seguridad de la vía, así como que no hay claridad sobre las expropiaciones que el gobierno deberá hacer para empezar la obra, tampoco se puede calcular la inversión para relocalizar servicios como fibra óptica, agua, poliducto, energía y trabajo técnico, además de que tampoco incluye la reconstrucción de puentes existentes en mal estado lo que significará mayores costos para el proyecto.
El grupo Consenso afirma que debido a lo anterior el país se expone a pagar un precio mayor al estimado por no cumplir plazos, además de que será necesario redefinir el alcance y costo de la obra. Tampoco se sabe si existe capacidad financiera del gobierno para cumplir con los gastos de expropiaciones, relocalización y rehabilitación, además de que no es realista, según ellos, indicar que en ocho meses se pueda estar trabajando en el proyecto.
El grupo recomienda al Gobierno que antes de autorizar el empréstito, se debe terminar el anteproyecto en estricto apego a la normativa técnica para evitar sobrecostos, tiempos excesivos e incapacidad financiera de la Administració para atender estas situaciones.
