Upala prohíbe por cinco años construir hidroeléctricas en ese cantón

El cantón de Upala en la provincia de Alajuela aprobó prohibir por un periodo de cinco años la construcción de represas hidroeléctricas el pasado viernes 13.

Según un comunicado de organizaciones ambientalistas, gracias a una moción del regidor Álvaro Carrillo y con el asesoramiento jurídico del diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, el Consejo Municipal aprobó la moratoria de cinco años a la construcción de nuevas represas hidroeléctricas.

Los residentes de Upala justificaron su decisión en que los 10 proyectos que actualmente se encuentran funcionando en ese cantón y en Guatuso han causado daños al ambiente de la zona. La prohibición tiene como fin elaborar estudios del impacto social y ambiental acumulativo de todas las represas ya autorizadas en el municipio.

De esta manera siete nuevos proyectos hidroeléctricos que se encontraban tramitando sus permisos para operar en Upala verán paralizadas sus operaciones. Esta moratoria venía discutiéndose desde hace años; en marzo del año anterior una gran manifestación exigía la moratoria a las autoridades municipales, quienes acordaron evaluar el caso en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la  Municipalidad.

Los ambientalistas habían denunciado previamente que el proyecto hidroeléctrico de Bijagua había causado un gran impacto en la zona de protección de los ríos Zapote y Bijagua.

Adicionalmente reportaron importantes impactos aguas abajo de la planta hidroléctrica Canalete que se construyó en el 2008 al igual que con el Proyecto Hidroeléctrico Los Negros que usa las aguas de los ríos Caño Negro, Frijoles y Raudales, todos afluentes del río Pizote y el cual desemboca en el Lago de Nicaragua.

Upala no es el primer cantón que decreta una moratoria a las hidroeléctricas. En el 2014 Coto Brus tomó la misma decisión, en el 2013 la Municipalidad de Buenos Aires hizo lo mismo pero la decisión se encuentra en tribunales. Ese mismo año Pérez Zeledón decretó una moratoria pero por presiones de los empresarios fue derogada.

Las comunidades de Guácimo han solicitado la imposición de una moratoria mientras que  en San Carlos se hizo la solicitud pero fue rechazada.