¿Hay o no crisis en el Poder Judicial?

Por: Magistrado de la Sala Segunda

Dr. Rolando Vega Robert

He compartido con ustedes algunas notas de prensa en relación con la reelección en la Vice-Presidencia de la Corte y el debate suscitado en la sesión de la Corte Plena celebrada el pasado lunes 27 de abril.
En dicha sesión, hice una larga exposición sobre los motivos de mi posición y la justificación de mi voto de la que los medios de comunicación dieron cuenta parcialmente. Apenas quede aprobada el acta de Corte Plena, la compartiré con ustedes para que quienes quieran puedan analizar con más detalle todo lo ocurrido en la sesión.
Al margen del tema particular de la reelección que ya fue decidido por la mayoría de la Corte y debe respetarse, quisiera abrir a debate en este foro de Diálogos por la Justicia, un tema que me parece de importancia medular y que fue discutido ese día: ¿Hay o no crisis en el Poder Judicial?
Lo primero es intentar partir de una base conceptual y terminológica. La Real Academia Española define la palabra crisis, en sus varias acepciones, como aquella “situación dificultosa o complicada”. A partir de allí les invito a realizar un examen conjunto del tema.
En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, algunos hemos insistido desde hace muchos años, que el Poder Judicial ha estado en una situación dificultosa o complicada desde hace al menos 25 años. Por supuesto, que para la defensa del “status quo”, una afirmación de ese calibre no es muy bien visto ni aceptado.
El pasado lunes, en la sesión de la Corte, volví a manifestarme en ese mismo sentido afirmando con vehemencia que muy a mi pesar, nuestro Poder Judicial continúa viviendo en términos generales situaciones evidentes de crisis. Como era lógico, no se hicieron esperar las reacciones de compañeros y compañeras que arremetieron en defensa de su realidad.
Es propio de un órgano colegiado y deliberativo tan heterogéneo como la Corte, que sea difícil encontrar una amplia cohesión del pensamiento. Una vez más, me sentí extrañado frente a ese tipo de reacciones que estimo poco autocríticas. No pretendo ahora ni he pretendido nunca, ser el amo y señor de la verdad. Al contrario, identifico esos signos de absolutismo y egocentrismo como una de las principales desviaciones patológicas de las organizaciones en general.
Es muy difícil lograr un acuerdo institucional en el Poder Judicial sobre este tema. Las visiones de la realidad y de la verdad de adentro, obviamente son muy distintas a las que tienen quienes ven la realidad detrás del mostrador como destinatarios finales de los servicios públicos que brinda la institución.
Es por lo anterior, que quiero romper las fronteras institucionales para invitar a un debate profundo y reflexivo, objetivo, serio y sobre todo crítico de cara a la realidad histórica de la Justicia. Siento que el margen de tolerancia de la ciudadanía hacia los malos servicios públicos, se agota cada vez más y más. Es por esa razón, que considero que el propósito institucional debe enfocarse en la definición de posiciones claras y concretas, identificando las causas patológicas prioritarias con el concurso de las personas usuarias y siendo capaces de tomar las acciones correctivas necesarias. Si no es así, ojalá me equivoque, probablemente deberemos esperar otros 25 años más para ver cambios sustanciales en la administración de Justicia.
Hay algunas cosas buenas que se han logrado y se continúan logrando. Pero ante todo, debe medirse el impacto conseguido en el cumplimiento de los objetivos misionales. Ello no puede seguir haciéndonos caer en conformismos equivocados y en visiones simplistas o cortoplacistas.
Hago votos para un intenso debate abierto y participativo sobre la realidad del Poder Judicial en el que la ciudadanía sea protagonista expresándose libremente. Por ahora, quisiera iniciarlo, dejando expuestas solamente 10 razones por las cuales estimo que el Poder Judicial, muy a mi pesar, ha estado y todavía continúa estando en crisis:
1-) Insatisfacción de las personas usuarias. En una encuesta a nivel nacional para medir satisfacción de las personas usuarias hecha hace pocos años con expertos del INCAE, el 88% se manifestaron INSATISFECHAS con los servicios recibidos. En la más reciente encuesta de percepción sobre el Poder Judicial, el 48% de la población expresó que no confía en la institución.
2-) Ingobernabilidad judicial. Hace doce años publiqué un artículo sobre la ingobernabilidad judicial. Hoy día lamentablemente sigue existiendo. El gobierno del Poder Judicial, es ejercido por la Corte Plena según disposiciones constitucionales y legales. Este órgano se encuentra fragmentado, con luchas internas importantes que no le permiten actuar para atender debidamente muchos de los desafíos institucionales. Debo reconocer que hay destellos de buenas señales en algunos temas importantes cuyas decisiones se van tomando. Pero lo que veo difícil de erradicar en el corto plazo, por las grandes luchas de poder internas, son algunos fenómenos de politización inconvenientes, excesos de egos y vanidades personales al mejor estilo feudal, poca cohesión de grupo para tomar decisiones y acciones concretas de cara a los grandes problemas institucionales. Son sólo algunas razones para afirmar la existencia de una ingobernabilidad judicial que se acrecienta con un liderazgo muy debilitado de la Presidencia de la Corte.Una prueba de ello, son más de 12 años de espera infructuosa para debatir y decidir sobre la pregonada “reforma judicial”.
3-) Éxodo de altos funcionarios. Sólo el tiempo tiene la respuesta de si la salida de altos funcionarios de la institución, ha sido o será para bien. Lo cierto del caso, es que se ha venido generando un vacío muy importante en las estructuras organizacionales, dada la cantidad notoria de funcionarios de alto nivel que se retiran de la institución por distintas razones, y todavía probablemente teniendo mucho que dar al Poder Judicial. Detrás de ese fenómeno, lo cierto es que hay un cúmulo de gran experiencia institucional que se pierde. En algunos casos será para bien y en otros probablemente para mal. Como dije antes, el tiempo dirá, pero por lo pronto, no tengo ninguna duda de que esta situación es consecuencia de la crisis.

4-) El eterno retraso judicial. Sigue siendo sin lugar a dudas, uno de los gravísimos problemas institucionales. Sin excepción, en todas las jurisdicciones del Poder Judicial, enfrentamos rezagos importantes en la tramitación y decisión de los litigios. No quiere ello decir, que existan circuitos judiciales o despachos que presentan una realidad positiva, pero a nivel global, el Poder Judicial no puede ni debe cerrar sus ojos frente a una elocuente realidad. Pretender hacerlo equivale a seguir rehuyendo el problema y contribuir a su acrecentamiento.
5-) Indefinición de modelos de despachos. A pesar de los avances en la gestión de la calidad, implantación de despachos electrónicos con aplicación de la oralidad y otras acciones que se han venido tomando, considero que sigue existiendo un claro problema de indefinición de modelos en los despachos judiciales. Si a esto le sumamos las amenazas presupuestarias que vendrán como consecuencia dela crisis fiscal del país, veo difícil que se pueda seguir apostando a proyectos muy costosos cuya eficiencia no ha sido determinada objetivamente.
6-) Politización de la Justicia. Sobre este tema ya he compartido algunas reflexiones públicamente. Es un fenómeno al que la ciudadanía debe ponerle muchísimo cuidado, lo mismo que los actores directos del propio sistema judicial por las implicaciones que tiene a su independencia funcional. Es sin lugar a dudas, un factor de creciente riesgo que aumenta la crisis.
7-) Vacíos en la planificación y evaluación de la gestión. Se ha logrado un gran avance con la aprobación muy reciente de una iniciativa de ley para mejorar este tema. Sin embargo, habrá que esperar todavía algún tiempo más para medir resultados en la aplicación de un sistema institucional de evaluación de la gestión institucional y de la evaluación del desempeño individual que han estado ausentes todo este tiempo atrás y que son sin duda alguna, referentes importantes de la gravedad de muchos problemas de inacción institucional.
8-) Pérdida de la mística y el sentido de pertenencia. Es muy lamentable ver cómo a través de los años, se puede palpar en términos muy generales la pérdida de la mística y el sentido de pertenencia en muchos servidores judiciales. Hago votos porque las campañas de valores y los esfuerzos que se hacen para recuperar el compromiso y la actitud de servicio en muchas personas que lo han perdido o nunca lo han tenido, rinda los frutos esperados. Mientras tanto, no deja de ser un elemento más a considerar dentro de las debilidades que vive el Poder Judicial y que afecta gravemente en buena parte los servicios públicos que se brindan.
9-) La problemática del presupuesto. A mi juicio el principal problema presupuestario del Poder Judicial, es que no ha tenido un control sobre el crecimiento desmedido de su planilla. Ello ha implicado que más del 90% de su presupuesto, deba ser empleado en el pago de salarios dejando proporcionalmente una suma muy reducida a los gastos operativos y funcionales.

Por otra parte, existe la errónea concepción de que lo importante es ejecutar las partidas presupuestadas, cuando lo realmente importante es si el presupuesto se ejecuta eficientemente o no en lo que realmente corresponde a partir de procesos serios y rigurosos de evaluación dela gestión.
Los incrementos presupuestarios de los últimos años son muy preocupantes. Constitucionalmente el Poder Judicial tiene garantizado al menos un 6% del Presupuesto del Estado, pero se ha llegado a duplicar ese porcentaje en tiempos de inminente crisis fiscal. El camino futuro no puede seguir por ese rumbo.

10-) El posible aumento de la corrupción. Este tema es sumamente sensible pero es un secreto a voces en términos generales en nuestro país. Es difícil no encontrarse a algún abogado amigo, algún familiar, o cualquier persona, que no le comente a uno alguna situación delicada respecto al comportamiento ético o moral en el Poder Judicial.
Existen órganos disciplinarios internos que velan permanentemente por evitar la corrupción institucional. Los órganos jerárquicos de toma de decisiones tratan de mantener alguna línea de rigurosidad y poca tolerancia a los actos irregulares. Pero lo cierto del caso, es que desde adentro de la organización, es muy difícil tener acceso a información de esta naturaleza.
La institución no ha dedicado el empeño necesario para diagnosticar la magnitud de este problema, que a juzgar por los “comentarios de la calle”, pareciera que ha ido en aumento poco a poco.
La prevención de la corrupción debe constituirse en uno de los ejes centrales en la gestión institucional. Deben crearse mecanismos para ello que permitan acciones preventivas y correctivas de forma eficaz y oportuna.
Todo lo anterior, sin desconocer que hay que tener sumo cuidado en el tratamiento del tema, porque muchas veces las denuncias pueden ser el resultado de la frustración o la venganza hacia algún servidor o servidora judicial.
Queda el debate abierto con algunas consideraciones expuestas. Estoy consciente de lo amplio y complejo del tema. Les invito a Dialogar. La Justicia de nuestro país lo necesita.