Piden a Contraloría investigar el financiamiento de patrocinador autobusero en la campaña de Juan Diego Castro
- PIN no ha presentado al TSE su informe financiero del último periodo.
- Autobusero compró ?310 millones en bonos y realizó préstamo de ?56 millones.
Cinco diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitaron mediante oficio a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue sobre el equilibrio financiero de las empresas autobuseras en las cuales el financista de la campaña del Partido Integración Nacional (PIN), Simaan Khachab, tiene participación accionaria o representación judicial, específicamente GULIAL, BIUSA y TRACOPA, así como de las personas físicas que finalmente son beneficiarias de estas empresas operadoras de un servicio público.
En semanas pasadas se denunció que dicho empresario autobusero compró ?310 millones en bonos de la campaña del PIN, y además realizó un préstamo por el cual ese partido le adeuda ?56 millones. La solicitud la realizaron las diputadas Marcela Guerrero Campos, Marlene Madrigal Flores, Epsy Campbell Barr, Laura Garro Sánchez y el diputado Javier Cambronero Arguedas, en su calidad de diputados y diputadas de la República con competencia de control político y de conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
“El transporte de personas es un servicio público de interés social, razón por la cual en aras de resguardar el interés público, la institucionalidad nacional y en general la democracia costarricense, hemos denunciado ante la Contraloría General de la República el hecho de que un solo empresario autobusero, valiéndose del artículo 135 del Código Electoral, aportó más de 365 millones de colones al Partido Integración Nacional” explicó Cambronero Arguedas.
“Como agravante, es necesario indicar que sobre las empresas de este empresario, BIUSA y GULIAL, pesan solicitudes de medidas sancionatorias por suspensiones del servicio que afectaron a 60 mil personas en junio del 2017. En esa ocasión, el señor Simaan Khachab solicitó aumentos tarifarios ante la ARESEP alegando quiebra, entonces me pregunto cómo es que ahora viene este mismo autobusero con montos millonarios a participar en la campaña electoral” cuestionó Guerrero Campos.
La solicitud se fundamentó en la capacidad legal que asiste a la Contraloría General de la República para ejercer su ámbito de competencia sobrelos sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica su ley orgánica. Aunado a ello, el ente contralor tiene competencia constitucional para acceder a información de carácter confidencial, incluso podrá revisar sin autorización previa los libros de contabilidad y anexos de sujetos privados, con el único objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos, entiéndase en este caso por fondos públicos todo lo relacionado a la administración y explotación comercial del servicio de transporte de personas.
